Resumen: Desestima íntegramente la apelación y confirma la sentencia. Rechaza la incongruencia: la demanda pedía atribución exclusiva del ejercicio de la patria potestad y no la privación de titularidad. Considera justificada la atribución exclusiva por la imposibilidad de comunicación directa entre progenitores, la situación penitenciaria y la vigencia de prohibiciones penales de comunicación/alejamiento.
Valora antecedentes condenatorios y quebrantamientos como causa grave que entorpece el ejercicio conjunto y atiende al interés superior de las menores. Niega que deba fijarse un plazo de dos años del art. 156 CC al encuadrar el caso en el supuesto de progenitores separados y convivencia con la madre; deja al padre la carga de instar futura modificación si procede.
Confirma la desestimación de la reconvención: la suspensión de alimentos solo cabe ante insolvencia absoluta, no acreditada; existía patrimonio adjudicado y no se probó su desaparición. Descarta también reducir la pensión a 50 €/hija por no alcanzar el mínimo vital y por no acreditarse alteración sustancial.
Resumen: A los efectos de determinar la cuantía de las pensiones de alimentos a abonar por el padre a sus hijas menores, la prueba no permite establecer con claridad la situación económica de cada uno de los litigantes, pues ambas partes se han mantenido en una singular opacidad. El padre alega que carece de todo ingresos lo que se considera poco creíble dado que no explica cómo consigue sobrevivir y una de las hijas en su exploración manifestó que realizaba pequeños trabajos. La madre alegó, sin justificación alguna, que ganaba 1000 euros al mes, constatándose de su vida laboral que presta servicios por cuenta ajena, como empleada del hogar, para una persona, y además figura como contratada por una empresa. Se concluye que la situación de la madre es mejor, y aun entendiendo que el apelante, en situación irregular en España, puede hallarse en una situación de dificultad económica, se fija un mínimo vital de 150 euros mensuales por hijo.
La falta de exploración de la hija menor de 15 años se subsana en al segunda instancia; dado que el padre solo dispone de una pequeña habitación, y que sus ocupaciones determinan que las visitas se desarrollan con acuerdo entre padre e hijas, se estima desaconsejable una sistema de rígido. Se opta por uno flexible en función de los acuerdos entre los progenitores, y en caso de desacuerdo, se establecen unas estancias mínimas, incluidos fines de semana, sin pernoctas para todo el año, sin distinción entre periodos vacacionales y lectivos.
Resumen: Se desestima el recurso de la madre, manteniendo la denegación de visitas y la delegación de la guarda para adopción. Considera acreditado, con base en informes sociales y del IML, que la madre presenta una situación cronificada de exclusión social, graves limitaciones parentales, inestabilidad habitacional y mínima conciencia de sus dificultades, lo que impide prever un retorno seguro del menor. Señala que el interés superior del niño debe prevalecer sobre cualquier derecho de los progenitores y que el menor se encuentra desde los seis meses en un entorno estable donde se proyecta su adopción. Concluye que las visitas no benefician al menor y que la medida de guarda con fines de adopción es la más favorable para su desarrollo.
Resumen: Se desestima la pretensión del actor que pretenden la extinción de la pensión de alimentos en su día señalada en la sentencia de divorcio en favor de su hijo mayor de edad. Se concluye que, tanto las etapas en que no ha estado escolarizado, como las dificultades de aprendizaje e irregularidad en la asistencia a un curso de formación no son reflejo de una actitud indolente o de desinterés en su formación para acceder a un empleo, ni responde a situación acomodaticia; y aunque no cabe un automatismo total en la equiparación entre hijos con discapacidad e hijos menores, pero en este caso el joven está aquejado de un trastorno del espectro autista asociado a una discapacidad intelectual leve, del 51 %. y con tales condicionantes se concluye que carece de las habilidades precisas para valerse por sí mismo o concluir cualquier tipo de estudios, sin que sea previsible tampoco su incorporación al mundo laboral para proveer sin ayudas a sus propias necesidades; circunstancias que determinan la subsistencia de la obligación alimenticia de su progenitor al amparo puesto que la falta de autonomía económica obedece a causas que no son imputables al beneficiario de la prestación, sino que son consecuencia directa de las deficiencias intelectuales que le aquejan. Su vulnerabiliad y falta de conciencia de la realidad derivada de su discapacidad. incide también en la relación personal con el padre, cuya falta de relación afectiva, no puede imputarse exclusivamente al hijo.
Resumen: Medidas de protección de menores. Caducidad. Impugnación de la resolución administrativa que modifica el tipo de centro residencial, presentada fuera del plazo de dos meses previsto en la norma aplicable, y a través de la cual se pretende dejar sin efecto la declaración de desamparo no impugnada en su día.
Resumen: La Audiencia estima el recurso y revoca la inadmisión.
Declara que el art. 222 del Código Civil permite acordar la suspensión o privación de la patria potestad en la misma resolución que constituye la tutela, sin necesidad de un procedimiento previo.
Afirma que el expediente de jurisdicción voluntaria utilizado es el cauce correcto y que el Juzgado sí tiene competencia para resolver sobre ambas cuestiones conjuntamente. Confirma el criterio mantenido en otra resolución anterior. Concluye que el recurso debe prosperar y ordena admitir a trámite la solicitud de tutela y continuar la tramitación del expediente.
Resumen: Divorcio. Pensión compensatoria por desequilibrio económico. Tiene como finalidad suprimir la situación de desequilibrio en que queda un cónyuge, en relación con el otro, como consecuencia de la separación o el divorcio. No busca igualar la economía de ambos, sino situar al que queda perjudicado en una mejor posición, dándole la oportunidad de subsistir y, si es posible, generar sus propios ingresos y solventar así autónomamente sus problemas económicos en el caso de que, a causa del matrimonio, haya desatendido su vida laboral o profesional. En el caso, se está en presencia de un matrimonio de 35 años de duración en el que la esposa, de 57 de edad en la actualidad, se dedicó a la familia y cuidado de los dos hijos, mayores de edad e independientes en la actualidad, sin trabajar fuera de la casa y sin cotizar, circunstancia que le impedirá acceder a una pensión por jubilación, no obstante, al reconocer que nada le impide trabajar y que podrá encontrar trabajo, que se le atribuyó el uso de la vivienda conyugal, que dispone de casa en propiedad y tiene un saldo en cuenta bancaria de más de 47.000 €, se acuerda por el tribunal, a la vista de que los ingresos del marido que rondan los 2400 €/mes, ser excesiva la cantidad fijada (725 €/mes), procediendo a minorarla a 600 €/mes.
Resumen: La Audiencia Provincial confirma la desestimación de la solicitud de modificación de medidas encaminada a la extinción de la pensión de alimentos. Se desestima el motivo basado en el desapego o desafección entre padre e hijo aplicando la jurisprudencia sobre la interpretación rigurosa y restrictiva al respecto, por tratarse de materia sancionadora, exigiendo la debida acreditación no solo del hecho del desapego o falta de relación continuada y manifiesta entre hijo y el progenitor, sino también que le sea imputable al hijo de forma principal y relevante. A fecha de presentación de la demanda el hijo tenía 26 años; esta razón no es bastante por sí misma para que se estime la demanda, han de tenerse en cuenta las circunstancias personales derivadas de su estado de salud, lo que supone un mayor esfuerzo, tiempo y dificultades en el estudio y para poder acceder al mercado laboral. Se concluye que su actitud no ha sido pasiva; aunque ha abandonado la carrera se valora que ha seguido cursos de FP, está matriculado en la escuela oficial de idiomas, se ha matriculado en la UNED y ha conseguido trabajar en un corto período.
Resumen: La Audiencia estima parcialmente el recurso del padre. Mantiene la patria potestad compartida en general, pero confirma que la madre decida en exclusiva el centro psicopedagógico al que acuda el menor, dada su convivencia y conocimiento más directo de sus necesidades. Precisa que el saldo de la cuenta del hijo se destinará prioritariamente a costear el centro terapéutico y, si sobra, a otros gastos extraordinarios acordados por los progenitores o autorizados judicialmente, sin otros usos salvo pacto. Confirma la cuantía de la pensión de alimentos de 300 €/mes al considerar proporcionados los ingresos de ambos y el mayor gasto de vivienda de la madre, con quien convive el menor. Ratifica el resto de medidas de la sentencia de instancia.
Resumen: Se desestima el recurso de apelación interpuesto por el padre y confirma la sentencia. Rechaza la nulidad de actuaciones solicitada al considerar que el juzgado actuó con la debida diligencia en los actos de comunicación, agotando los medios legales de averiguación del domicilio antes de acudir al emplazamiento edictal, sin que se haya producido indefensión imputable al órgano judicial.
Se confirma la atribución a la madre del ejercicio exclusivo de la potestad parental, la autorización para viajar al extranjero con el menor y la reducción del régimen de estancias del padre a un domingo al mes, al quedar acreditado el incumplimiento reiterado de sus deberes parentales, tanto afectivos como económicos. Aplica la normativa y doctrina del Código Civil de Cataluña, destacando el interés superior del menor y la necesidad de garantizar estabilidad y toma de decisiones ágiles en su beneficio.
